Las decisiones de la SIC sobre la industria azucarera

Las decisiones de la SIC sobre la industria azucarera

La Superintendencia de Industria y Comercio decidió “moderar” el valor de las multas pero ratificar la existencia de un concierto deliberado de los ingenios, el gremio y varios particulares, para impedir la entrada de azúcar proveniente de otros países, en particular Bolivia. Es decir, en criterio de la SIC hubo abuso en posición dominante para impedir mayores condiciones de competitividad en este mercado.
Del proceso y la forma como se ha desarrollado podemos decir varias cosas:
• Primero, la SIC enfrenta a grandes poderes: los ingenios sancionados, las multinacionales de alimentos que pusieron la demanda, el Procurador que considera desproporcionadas las multas, el Senador Robledo, la dirigencia política del Valle del Cauca, grupos económicos y el gobierno nacional.
• Segundo, no se trata de un tema improvisado o de coyuntura: la denuncia se interpuso en 2010 y durante 5 años se han llevado a cabo las investigaciones, el acopio de pruebas y la defensa por parte de los interesados.
• Tercero, investigar y sancionar en el marco de la ley es posible y no atenta contra el Estado de Derecho, sino todo lo contrario. Si hay cambios en las condiciones jurídicas de los inversionistas, parecen ser por la existencia de normas que facilitan la investigación y sanción de estas conductas, las cuales nunca han estado permitidas.
• Cuarto, en este proceso, aún no parecen haber empresas “delatoras”, cómo sí ha ocurrido en el caso de los carteles del arroz y los pañales. La ley prevé un incentivo muy grande al primero y segundo que se acojan a esta figura y ello implica que los sancionados se consideran inocentes y crean que jurídicamente pueden reversar la decisión.
• Quinto, se requiere revisar el diseño institucional del FEPA, Fondo de Estabilización de Precios del Azúcar, así como otros elementos de política pública que estimulan el desarrollo de este sector económico.
Falta mucho camino por recorrer y quienes están involucrados tienen todo el derecho a defenderse, ahora en instancias judiciales. Espero que al final de este proceso Colombia cuente con un mercado azucarero más competitivo, una Superintendencia de Industria más legítima y un sector privado con el claro mensaje de que abusos en su posición dominante serán sancionados.